Sin embargo, los expertos enfatizaron en la
importancia de limitar las exenciones al impuesto y definir los grupos que
recibirían reembolsos
Por: Antonio R. Gomez
Periodico Primera Hora
Rosario Rivera, presidenta de la Asociación
de Economistas, favoreció que se mantenga el crédito al trabajo como parte de
la transformación del sistema contributivo. (Angel Rivera García)
Un panel de economistas apoyó en audiencia
senatorial la transformación del sistema tributario de Puerto Rico hacia uno
orientado hacia impuestos al consumo y, en menor medida, al ingreso y la
productividad, así como la implantación de un Impuesto sobre Valor Agregado
(IVA), al que describieron como el sistema más fácil de fiscalizar.
El panel que compareció hoy ante la
Comisión de Hacienda del Senado lo integraron la presidenta de la Asociación de
Economistas, Rosario Rivera Negrón en representación de esa organización, y los
economistas Antonio Rosado, Vicente Feliciano y Juan Lara.
Los profesionales coincidieron en la
necesidad de limitar las exenciones al IVA, en la importancia de definir los
grupos que recibirán pagos para aliviarles el impacto del alza en el impuesto y
afirmaron que es preferible cobrar el mismo y luego dar un reembolso a quienes
lo necesiten, que el eximir algún bien o servicio.
“Nuestra organización apoya la propuesta de
que se eximan 835,000 contribuyentes del impuesto sobre ingresos a individuos…
Sin duda esta es una medida que pareciera comenzar a hacer justicia a la clase
media y asalariada del país, que es la que lleva el mayor peso de la carga
contributiva”, afirmó la portavoz de la Asociación de Economistas.
Rivera Negrón expresó preocupación con
algunas de las exenciones eliminadas, entre las que mencionó la de intereses
hipotecarios por el impacto que la misma puede tener sobre el mercado
inmobiliario.
“En el caso particular del IVA, apoyamos
que se establezca y se sustituya por el IVU como ya lo habíamos consignado en
nuestra ponencia ante la Comisión Especial (de la Cámara de Representantes)”,
agregó.
“El IVA, bajo la modalidad de
facturación-crédito, permite que el mismo se autofiscalice. Además, siendo un
impuesto de base amplia, el Gobierno podría lograr los objetivos de recaudos
que requiere para financiar sus operaciones”, sostuvo.
Recalcó Rivera Negrón, durante sus
distintas intervenciones, la importancia de que se defina de forma clara y
precisa en la legislación el mecanismo que se utilizará para compensar a los
sectores de bajos ingresos, así como que establezca claramente a quiénes se les
otorgarán dichos pagos.
Favoreció que se mantenga el crédito al
trabajo como parte de la transformación del sistema contributivo y como
mecanismo de compensación de la regresividad que podría servir además de
incentivos a los individuos a participar en el mercado laboral.
Otra área de preocupación planteado por la
Asociación de Economistas y en la que hubo igualmente consenso, es el proceso
de la transición de un sistema al otro, y el riesgo de que surja algún nivel de
inestabilidad en los recaudos del Fondo General durante el mismo.
“Es necesario que, ante el problema de
liquidez que tiene el Banco Gubernamental de Fomento, el Departamento de
Hacienda contemple identificar fondos que pudieran ser requeridos para mitigar
el efecto de cualquier desfase en proceso de implantación del IVA”, sostuvo
Rivera Negrón.
El economista Antonio Rosado recalcó, por
su parte, el impacto que tendrá la reducción en las tasas contributivas para
individuos y corporaciones en el aumento de la demanda agregada para la
población y el impacto positivo que se prevé por ello para la economía.
Coincidió con la necesidad de limitar las
exenciones al mínimo, a la par que recomendó una reducción de un 10% en el
gasto gubernamental para que, combinado con los ingresos adicionales que genere
el IVA, se logre por primera vez un superávit en el presupuesto que permita al
Gobierno mejorar su crédito e incentivar aún más la economía.
“El Gobierno ha sido muy parco en la
reducción del gasto”, dijo Rosado al señalar que entre el 2012 y el 2015 la
baja en el presupuesto consolidado fue de apenas 2.8%, mientras que el
presupuesto con cargo al Fondo General aumentó en 3.3%.
“La incapacidad del Gobierno para reducir
sus gastos y mantener un presupuesto balanceado ha movido a las casas
acreditadoras a reducir el crédito de Puerto Rico a nivel chatarra”, afirmó.
Según Rosado esta podría ser “la primera
oportunidad en 60 años de reestructurar la economía de Puerto Rico” y exhortó a
los legisladores a aprovecharla.
Para el economista Vicente Feliciano la
propuesta de transformación del sistema contributivo que se evalúa “va en la
dirección correcta” y recordó que cuando se debatió originalmente la
implantación de un impuesto al consumo en Puerto Rico, la mayoría de los
economistas favoreció un IVA en vez del IVU que finalmente se aprobó.
Afirmó que el problema con la recaudación
del IVU no es un asunto de fiscalización por parte de Hacienda.
“El problema no son los marineros, es el
barco. No es cuestión de remar más fuerte, es colocarle una vela”, afirmó.
Insistió en que el sistema propuesto es el
mejor y señaló que “si vamos a mejorar, lo tenemos que hacer”.
Recalcó, al igual que la presidenta de los
economistas, que es importante que Puerto Rico se asegure que tiene un “margen
de contingencia” durante el proceso de transición hacia el IVA.
Entre los panelistas fue el que más
insistió en que son preferibles los mecanismos de reembolso que la extensión a
nuevas exenciones.
Planteó incluso que las exenciones a
quienes más favorecen es a los de mayores ingresos, pues los más necesitados no
pagarían de todas formas el impuesto sobre los alimentos y sobre medicinas y
servicios médicos pues tienen el Programa de Asistencia Económica (PAN) y la
reforma de Salud. Lo mismo, dijo, ocurre con las deducciones por intereses
hipotecarios, que a quiénes más benefician es a los que más tienen.
El economista Juan Lara, que cerró las
exposiciones, coincidió con sus colegas.
“Desde la óptica de la evaluación de costo
y beneficio, pasar al gravamen del consumo es la mejor manera de combatir la
evasión, poner a tributar a la economía informal, aumentar la boyancia del
sistema (capacidad para incrementar los recaudos en forma paralela al
crecimiento de la economía) y simplificar tanto el cumplimiento por parte de
los contribuyentes como la fiscalización por parte de Hacienda”, declaró.
“Esta es la mejor manera de ampliar y
estabilizar la base contributiva, lo cual es indispensable para resolver los
problemas fiscales del Estado y restaurar nuestra credibilidad en los mercados
financieros”, puntualizó.
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